Quito, Ecuador – Una sombra de preocupación se cierne sobre la libertad de prensa en Ecuador, un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. En medio de un estado de excepción y un declarado “conflicto armado interno” que ha otorgado un rol protagónico a las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, surgen graves denuncias que ponen en tela de juicio el compromiso del Estado con la transparencia y el derecho a la información.
Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas a nivel global, lanzó una contundente advertencia este miércoles, señalando que el mando militar de Ecuador está imponiendo “restricciones inconstitucionales” a los medios de comunicación. Estas medidas, según la denuncia, afectan directamente la cobertura de las operaciones en las que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional en acciones de cumplimiento de la ley. Más allá de las restricciones de acceso, HRW también ha documentado que periodistas han sido agredidos físicamente mientras intentaban cumplir con su labor informativa, un hecho alarmante que atenta contra la integridad de quienes buscan llevar la verdad al público.
La situación es particularmente delicada dado el contexto actual del país. Desde enero de 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de excepción y la declaratoria de un conflicto armado interno contra grupos de delincuencia organizada, calificados como terroristas. Esta medida, sin precedentes, ha desplegado a miles de militares en las calles y ha redefinido el esquema de seguridad, otorgando amplias facultades a las Fuerzas Armadas. En este escenario, el acceso a información verificada y la fiscalización de las acciones militares se vuelven más cruciales que nunca para garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos ciudadanos. La labor periodística, por lo tanto, no es un mero accesorio, sino una necesidad imperativa para la salud democrática de la nación. 
Una Alarma Desde Human Rights Watch: Las Denuncias Centrales
Las revelaciones de HRW no son menores. Según la organización, el General Henry Delgado, actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, ha emitido instrucciones claras a sus comandantes para “evaluar y restringir, si es necesario, el acceso de periodistas a eventos y ruedas de prensa”. Esta directriz es interpretada por los defensores de la libertad de prensa como una clara invitación a la censura y al control informativo.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, fue explícita en su pronunciamiento a través de la plataforma X. Subrayó que “excluir a los medios o periodistas de la cobertura basándose en la visión de una institución de que su postura es ‘opuesta o perjudicial para su imagen’ socava las libertades fundamentales”. Sus palabras resuenan con la gravedad de la situación, al describir estas medidas como un intento de “filtrar a los medios por su posición editorial, castigar la crítica, buscar controlar el discurso público y censurar a la prensa”. Goebertus no dudó en calificarlas como “prácticas típicas de instituciones que temen el escrutinio público”, una afirmación que debería encender las alarmas en cualquier gobierno democrático.
La esencia de la denuncia es clara: se busca modelar la narrativa pública. Goebertus añadió con preocupación: “Quieren que los medios actúen como una agencia de relaciones públicas para los militares, informando solo las noticias que ponen a las fuerzas armadas bajo una luz positiva”. Esta expectativa no solo es irreal, sino que es antitética a la función del periodismo, que es informar de manera objetiva y completa, sin sesgos ni presiones. La misión de un periodista no es aplaudir o censurar, sino registrar los hechos, permitir que la ciudadanía forme su propio juicio y fiscalizar al poder, sea este civil o militar. Cuando se exige una cobertura “positiva”, lo que en realidad se pide es propaganda, lo cual es inaceptable en una democracia.
La gravedad de estas acusaciones radica en que, en un contexto de “conflicto armado interno”, la información sobre las operaciones militares es de interés público vital. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se están utilizando los recursos del Estado, cómo se están protegiendo sus derechos y cuáles son los resultados reales de estas operaciones. Restringir el acceso a la prensa en estas circunstancias no solo es una violación a la libertad de expresión, sino también un atentado contra el derecho a la información de toda la sociedad.
La Respuesta Local: Fundamedios y el Temor a la Censura Previa
Las denuncias de HRW encuentran eco y refuerzo en las organizaciones ecuatorianas de defensa de la libertad de prensa. Fundamedios, un observatorio de medios de gran trayectoria y reconocimiento en el país, ha sido una de las voces más críticas ante las nuevas directrices militares. La organización calificó las medidas como “un acto de censura” y advirtió que equivalen a “la imposición de un estado inaceptable de censura previa incompatible con una sociedad democrática”.
El concepto de “censura previa” es particularmente preocupante, ya que representa una de las formas más flagrantes de restricción a la libertad de expresión. Implica que el Estado decide de antemano qué puede o no puede publicarse, lo que contradice directamente lo establecido en la Constitución de Ecuador y en los tratados internacionales de derechos humanos. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 18, garantiza el derecho a buscar, recibir, difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa, sobre hechos de interés general, y el derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas.
En su comunicado, Fundamedios sugirió que el gobierno podría estar intentando un “control de daños” como resultado de su percibido fracaso en la reducción de la delincuencia organizada en Ecuador. Esta interpretación añade una capa de complejidad y escepticismo sobre las verdaderas motivaciones detrás de las restricciones. Si la intención es ocultar resultados negativos o una gestión ineficaz, las consecuencias para la credibilidad institucional y la confianza pública podrían ser devastadoras. La opacidad nunca ha sido aliada de la gobernanza efectiva, y mucho menos en momentos de crisis.
Las preocupaciones de Fundamedios no son infundadas. Reporteros de dos importantes periódicos nacionales han denunciado haber sido físicamente impedidos de asistir a conferencias de prensa militares recientes en Quito. “Me impidieron asistir a una reunión informativa el lunes y me dijeron que no era bienvenido ya que mi reportaje era perjudicial para las fuerzas armadas”, afirmó Carlos Ramos, un reportero del prestigioso diario guayaquileño El Universo. Este testimonio es demoledor y ejemplifica el tipo de prácticas que denuncian HRW y Fundamedios. Ramos añadió, con la frustración propia de quien ve coartada su labor: “Mi trabajo es informar las noticias, ya sea que pongan al ejército en una buena luz o no, y no se me permite hacerlo”.
La experiencia de Carlos Ramos no es un caso aislado, sino un síntoma de una política más amplia que busca controlar la narrativa. El bloqueo a un periodista de un medio tan influyente como El Universo, con el argumento de que su cobertura es “perjudicial”, sienta un precedente peligroso. Significa que las Fuerzas Armadas se están arrogando la potestad de juzgar el contenido periodístico y decidir qué es o no es aceptable, lo cual es una clara extralimitación de sus funciones y una intromisión directa en la autonomía de la prensa. Esta práctica no solo afecta la libertad de Ramos, sino también el derecho de los lectores de El Universo a recibir información completa y sin filtros.
El Peligro para la Democracia y el Derecho a Saber en Tiempos de Crisis
Cuando se preguntó sobre las nuevas restricciones, el Ministerio de Defensa de Ecuador respondió que las Fuerzas Armadas tienen la “autoridad para emitir sus propias directrices de comunicación”, pero que esto no las exime de proporcionar información transparente y oportuna sobre las acciones tomadas en defensa del país. Además, reafirmó un compromiso con la libertad de prensa. Esta respuesta, aunque busca ser conciliadora, presenta una contradicción inherente que no ha pasado desapercibida.
Por un lado, se invoca una supuesta autonomía para establecer directrices de comunicación; por otro, se promete transparencia y se reitera el compromiso con la libertad de prensa. La pregunta es: ¿cómo se puede garantizar la transparencia y la libertad de prensa si se restringe el acceso de periodistas y se les exige una cobertura “positiva”? Las directrices de comunicación no pueden ni deben ser una herramienta para la censura o el control editorial. Su propósito debería ser facilitar el flujo de información, no obstaculizarlo.
En un momento donde la sociedad ecuatoriana deposita una enorme confianza en sus Fuerzas Armadas para restaurar la paz y la seguridad, es vital que esta institución actúe con la máxima transparencia. La opacidad genera sospecha, debilita la confianza pública y abre la puerta a la desinformación y los rumores, que pueden ser tan o más dañinos que la amenaza que se combate. La credibilidad de las Fuerzas Armadas, y por extensión del Estado, se construye sobre la base de la verdad y la rendición de cuentas, no sobre el control de narrativas.
La historia de América Latina, y del propio Ecuador, está marcada por períodos en los que la restricción a la prensa ha sido el preámbulo de mayores abusos de poder. La libertad de prensa no es un capricho de los periodistas, sino una garantía democrática que asegura que la ciudadanía esté informada, que el poder sea fiscalizado y que los derechos humanos sean protegidos. En un país que se declara en un “conflicto armado interno”, la necesidad de una prensa libre e independiente es más urgente que nunca. Es la única manera de asegurar que las acciones militares se lleven a cabo dentro del marco legal y constitucional, y que cualquier exceso o abuso sea denunciado y corregido.
El llamado de atención de Human Rights Watch y Fundamedios debe ser tomado con la seriedad que amerita. Es un momento crucial para que el gobierno ecuatoriano y las Fuerzas Armadas reafirmen su compromiso no solo en palabras, sino en hechos, con la libertad de prensa y el derecho a la información. La democracia ecuatoriana depende de ello.